Introducción

• Explicar el contexto y los objetivos de la ley: reformar el ordenamiento jurídico público, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, garantizar los derechos de los ciudadanos, mejorar la eficiencia y la transparencia de las Administraciones Públicas¹.
• Resumir el contenido y la estructura de la ley: se divide en cuatro títulos, con un total de 133 artículos, 19 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 9 disposiciones finales¹.
• Destacar las principales novedades y modificaciones que introduce la ley respecto a la normativa anterior: por ejemplo, el impulso de la administración electrónica, la ampliación de los medios de identificación y firma electrónica, la regulación del registro electrónico general, la simplificación de los plazos y formas de notificación, la incorporación del silencio administrativo positivo en todos los procedimientos, la potenciación de la participación ciudadana en la elaboración de normas, etc.

Título I: Disposiciones generales

• Desarrollar los aspectos más relevantes del título I, que establece el ámbito de aplicación y los principios generales de la ley¹.
• Ejemplo: el artículo 2 determina que la ley se aplica a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), así como a las entidades vinculadas o dependientes de ellas. También se aplica a los organismos públicos y entidades de derecho privado que ejerzan potestades administrativas¹.
• Ejemplo: el artículo 3 recoge los principios generales que deben inspirar la actuación administrativa: servicio efectivo a los ciudadanos, transparencia, eficacia, eficiencia, simplificación, responsabilidad e innovación¹.

Título II: De los interesados en el procedimiento

• Desarrollar los aspectos más relevantes del título II, que regula los derechos y obligaciones de los interesados en el procedimiento administrativo¹.
• Ejemplo: el artículo 12 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como a utilizar cualquier medio admitido en derecho para ejercer sus derechos¹.
• Ejemplo: el artículo 14 establece la obligación de los interesados de comunicar a la Administración cualquier cambio en sus datos identificativos o en su domicilio electrónico habilitado¹.

Título III: De la actividad de las Administraciones Públicas

• Desarrollar los aspectos más relevantes del título III, que regula las diferentes fases y modalidades del procedimiento administrativo¹.
• Ejemplo: el artículo 21 regula el inicio del procedimiento administrativo, que puede ser de oficio o a instancia de parte. En el caso de iniciarse a instancia de parte, se establece un plazo máximo de tres meses para dictar resolución expresa¹.
• Ejemplo: el artículo 32 regula las notificaciones electrónicas, que se realizarán mediante acceso a la sede electrónica o al sistema electrónico habilitado al efecto. Se considerará practicada la notificación cuando se produzca el acceso al contenido del acto notificado o transcurran diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al mismo¹.

Título IV: De la revisión de los actos en vía administrativa

• Desarrollar los aspectos más relevantes del título IV, que regula los recursos administrativos contra los actos dictados por las Administraciones Públicas¹.
• Ejemplo: el artículo 112 regula el recurso potestativo de reposición, que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. El plazo para interponerlo será de un mes si el acto fuera expreso y de tres meses si no lo fuera¹.
• Ejemplo: el artículo 121 regula el recurso de alzada, que se interpondrá ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. El plazo para interponerlo será de un mes si el acto fuera expreso y de tres meses si no lo fuera¹.

Conclusión

• Resumir los puntos principales del artículo y valorar la importancia y el impacto de la ley 39/2015 en el ordenamiento jurídico y en la relación entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.
• Invitar al lector a consultar la ley íntegra y otras fuentes de información complementarias, como por ejemplo, el BOE, la Editorial BOE o el PDF de la ley.